LA GEOPOLITICA EN VENEZUELA

 La geopolítica es la comprensión inteligente de la Geografía de un lugar en la búsqueda de orientaciones políticas acertadas que optimicen el uso del territorio y sus recursos para los fines de la existencia plena de la comunidad.

El bipartidismo atenuado, resultado directo del mencionado Pacto, y que se acentuó a partir de las elecciones presidenciales de 1973 entre los socialdemócratas de AD y los socialcristianos del COPEI –institucionalizados y articulados de forma tal en aquel escenario político, como para mantenerse en todo momento prácticamente alejados de toda confrontación y polarización ideológica- generó, por ende, un compromiso de las cúpulas partidistas en la solución concensuada de los conflictos. Este período se caracterizó, además, por el presidencialismo, el caudillismo, y el personalismo; la malversación de los fondos públicos; el clientelismo político; la monopolización de la producción, concentrándose eminentemente en el petróleo; así como la constante represión y persecución de los movimientos obreros, campesinos y estudiantiles. La fórmula puntofijista provocó un entronizado elitismo (cogollocracia), que alejó cada vez más a las masas de la participación en la toma de decisiones, sentándose las bases para una partidocracia, cuyo único límite fue el consenso de las organizaciones implicadas en dicho pacto. Durante su vigencia no se ejerció oposición real por el partido contrario ante la expectativa de ser bien tratado y, a sabiendas, de sus posibilidades de acceder al poder a corto o mediano plazo.
De este modo ocurrió una extrema monopolización de la vida política por los partidos, constriñéndose estos a la sociedad civil, al centrarse en interés políticos electorales, perdiendo su arraigo popular, su atractivo ideológico y su capacidad para satisfacer las necesidades sociales.
Aparejado a todo este fenómeno, la corrupción administrativa involucraba frecuentemente a los miembros de los partidos, acentuando su descrédito ante los ojos del pueblo. De este modo el poder oligárquico de los partidos políticos pervirtió su papel de intermediario entre las masas y el Estado, perdiendo la legitimidad y confianza ciudadana.
A su vez, el presidencialismo, el caudillismo, y el personalismo dentro del sistema provocó que los líderes (caudillos) fueran los dirigentes políticos que afirmaban su poder al interior de los partidos. Con ello se eliminó todo disenso y se construyó maquinarias bien estructuradas de militantes ligados por la fidelidad a toda prueba, a quienes se recompensaba con cargos políticos o favores de otra naturaleza, compensaciones que obtenían los militantes leales y de consecuente militancia en los partidos, concibiéndose un clientelismo político sin paralelos en la historia venezolana. Se convirtió al estado en un gran empleador de labores innecesarias, por cuanto los partidos ofrecían prebendas a sus militantes como mecanismo de distribución de la riqueza pública. Fue así como las políticas económicas y sociales alimentaban una clientela partidista y electoral, que creó una forma de dependencia permanente entre el centro de poder y la clientela.
Incluso la corrupción, la malversación de fondos públicos, la impunidad legal, la ineficiencia y partidización infestó al sistema judicial venezolano, resquebrajando la credibilidad de los venezolanos en sus instituciones, lo cual aceleró un clima de irrespeto por las normas jurídicas que sustentaban la sociedad.
La dependencia exclusiva del petróleo significó sostener el sistema en sus tres pilares fundamentales, a saber: la renta petrolera, las cada vez más crecientes expectativas sociales de solución de las dificultades que enfrentaban y el aseguramiento de la representación y la legitimidad del sistema. Sin embargo, esta economía sustentada en el modelo petrolero-además del control de precios y los subsidios –encubría un proceso inflacionario que irrumpiría, posteriormente, en la escena económica; además, la concepción equivocada de los planes de desarrollo condujeron al incremento del endeudamiento público y crearon una crisis financiera, fiscal, y socioeconómica sin precedentes. El modelo establecido de democracia representativa se caracterizó por la restringida participación popular en la toma de decisiones políticas mediante la expresión del sufragio cuando se celebraran los comicios electorales, forjándose un sistema político elitista y excluyente que mar ginó a la gran mayoría de los ciudadanos. Las principales decisiones las adoptaban las élites gobernantes y estos tenían asegurado sus intereses frente a los intereses generales.
Es en este entorno donde se articularon, como factores reales de poder, los partidos políticos tradicionales, los grupos económicos y de presión, los medios de comunicación, la Iglesia Católica, las Fuerzas Armadas e, incluso, las individualidades poderosas de la sociedad venezolana, que garantizaron que no serían afectados sus intereses por la regla de la mayoría en la formulación de políticas públicas.
Ante la situación de decadencia del viejo sistema se planteó, como alternativa política, la salida jurídica de la misma mediante una reforma general de la Constitución vigente, basada en la falta de salidas institucionales ante la crisis de representatividad de los partidos tradicionales. A esto se añadió el agotamiento del modelo rentista y el debilitamiento de los órganos estatales, todo lo que de conjunto erosionó con fuerza la legitimidad de las bases del sistema. Se estaba en presencia sin dudas, del último intento desde dentro del sistema de salvar las bases y pilares en los cuales se erigió durante casi treinta años, denotando cuanto este había sido capaz de devorarse como propuesta seria de construcción social. Sin embargo, el fracaso de dicho intento, marcado por el ascenso al poder de la alternativa presentada por Hugo Chávez, al pueblo, permitió que este accediera verdaderamente a un ejercicio de su poder soberano, convocando una Asamblea Nacional Constituyente, que por primera vez descansó en la legitimidad de la soberanía popular.

Con la aprobación y promulgación del nuevo texto constitucional, en diciembre de 1999, comenzaron a sentarse en Venezuela las bases de una democracia participativa y protagónica una democracia ¨ no excluyente ¨ sino ¨ incluyente¨, que permite el acceso al pueblo a la adopción de las decisiones políticas de la sociedad. El establecimiento de nuevos instrumentos que viabilizan al efecto tal posibilidad, y permiten al pueblo participar en la formación, ejecución y control de la gestión pública, como vía que garantiza el completo desarrollo individual y colectivo. Esto significa, sin dudas, el aporte más trascendental dentro del sistema político venezolano actual, dado por el nuevo texto constitucional.

El nuevo sistema político se erige, además, en los pilares del nacionalismo como expresión de la defensa de la soberanía frente a la globalización y la implementación de políticas neoliberales en nuestro continente-, en el rescate del ideario y el pensamiento de Simón Bolívar, de Ezequiel Zamora y de Simón Rodríguez y en la constante búsqueda de una sociedad humanista , bolivariana, revolucionaria, en la cual el hombre es el eje central de transformación y desarrollo, con un sistema de gobierno que promueva los valores de igualdad, justicia, libertad, fraternidad, solidaridad y la garantía de los Derechos Humanos.
En esta nueva concepción se le reconoce al Estado un prioritario papel en el enfrentamiento de los males que aquejan a la sociedad venezolana mediante políticas públicas equitativas y con una inversión social adecuada. Este sistema político, económico y social coloca al hombre como centro de atención y de su razón de ser, posibilitando la satisfacción de las necesidades vitales para el pueblo, en correspondencia con sus capacidades y esfuerzos, y permitiéndole condiciones de vida dignas.
La política social del Estado debe tener como objetivo, entonces, la inclusión real y efectiva de toda la población, lo que significa que se deben diseñar políticas públicas encaminadas a potenciar el acceso a los bienes primarios y básicos como la salud, la educación, el trabajo y la seguridad social, entre otros.
Debe ser, como el aparato público, un ente rector, promotor y estimulador de relaciones de cooperación entre los diferentes factores sociales y económicos, en defensa de la gran mayoría, para impedir que estos sean tragados por las minorías.
Se plantea de este modo, un proyecto de país, marcado por importantes retos y compromisos con las esperanzas absolutas y fundadas en que el proceso revolucionario devolverá a la nación una próspera abundancia y bienestar individual y colectivo, dirigido a consolidar una verdadera igualdad, una razonable eficiencia de las instituciones públicas, la transparencia democrática de los poderes y las organizaciones políticas y sociales, así como la responsabilidad del Estado en la integración social y económica.